El día miércoles 16 de Junio, la Plaza de la República de la ciudad de Valdivia fue escenario en el cual se reunieron organizaciones de pobladoras y pobladores históricos del Ex Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP), quienes interpusieron una demanda al Estado, en búsqueda del reconocimiento del Desplazamiento Forzado como Delito de Lesa humanidad.

El complejo forestal maderero Panguipulli (COFOMAP) estaba constituido por 21 fundos forestales en aproximadamente 400 mil hectáreas. Las familias de pobladores y pobladoras fueron desplazadas de los terrenos que habitaron en el complejo, en el año 1972 residían más de 20.000 personas en los poblados situados en el COFOMAP, actualmente, con base en el Censo de población y vivienda del año 2017, en el mismo territorio sólo residen 4.200 habitantes producto de la privatización, venta y licitación de las propiedades en el periodo de dictadura.

En Chile no existe jurisprudencia sobre desplazamiento interno, sin embargo, en la Ley sobre Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio, Tortura, Delitos de Guerra, no. 20.357, artículo 26, se nombra este crimen en contextos de guerra (como las dictaduras) por efecto de políticas que devienen del Estado. Hoy se indica además a nivel mundial la movilidad forzada de población por problemas ambientales o catástrofes climáticas, como la sequía o terremotos.

Desde Geoeduca apoyamos este proceso de Demanda al Estado realizada por las organizaciones de habitantes históricos del COFOMAP en la reivindicación del Desplazamiento Forzado como Delito de Lesa humanidad , y también en la búsqueda de justicia por parte de aquellas familias que injustamente fueron desplazadas de los territorios en que habitaron gran parte de su vida. el reconocimiento del Desplazamiento Forzado como Delito de Lesa humanidad.

Declaración a la Opinión Pública Nacional e Internacional Junio de 2021, Valdivia, región de Los Ríos, Chile

Respecto a los crímenes de lesa humanidad en que incurrió el Estado de Chile durante la dictadura cívico militar, anunciamos que comenzaremos un proceso de demandas contra el Estado por el crimen de desplazamiento forzado ocurrido en la precordillera de la región de Los Ríos, específicamente en la ex empresa estatal COFOMAP, y así como en otros territorios del país. Por ello las organizaciones firmantes indicamos a la opinión pública lo siguiente:

  1. El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores/ras madereros/ras de 21 grandes fundos en la precordillera de la actual región de Los Ríos. Este espacio abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde llegamos a vivir cerca de 20 mil personas según registros históricos de la época.
  2. Posterior al golpe de Estado los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno instalada por el régimen dictatorial y medios de comunicación serviles a las fuerzas armadas. Lo que desencadeno asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial. Cuestiones que están documentadas en diferentes documentos e informes.
  3. En paralelo e invisibilizado por el Estado, se desencadenaron persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar nuestra vida, limitaciones para desplazarnos, formas de explotación, en definitiva, de llevar nuestra vida cotidiana por el constante asedio que se nos impuso. Algunas personas huimos para encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenernos vivas, y otras, soportamos el terror en el territorio hasta que fuimos desalojadas y “tiradas” a los deslindes del Complejo, para buscar asilo con familiares, amigos o en campamentos provisorios en la zona y en otras regiones.
  4. Lo anterior se constituye como casos de desplazamiento forzado considerados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad que ejercen los Estados de excepción y sobre lo cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos casos han sido invisibilizados en los procesos de justicia transicional hasta la fecha por parte del Estado y, por lo tanto, se nos priva del derecho a la reparación.
  5. A casi 30 años de todas estas situaciones que aún repercuten en las diferentes generaciones que experimentamos el terror, nos organizamos y alzamos la voz porque creemos que estos crímenes de lesa humanidad no se pueden repetir en nuestro país. Exigimos se reconozca el daño que se nos causó y se asuma la responsabilidad desde el Estado de Chile, tanto por nosotros/tras y otras víctimas de estas prácticas, como por las futuras generaciones.

Llamamos a difundir y replicar este documento en medios de comunicación nacionales e internacionales y en redes sociales, para que se sepa en el mundo que el terrorismo de Estado en Chile sigue siendo un capítulo abierto en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos. 

 

Nombres de corporaciones

Corporación Entre Lagos y Montañas de Puñir Releco

Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono

Corporación Raíces Ancestrales de Enco

Corporación Raíces de Toledo

Corporación Pirihueico