Tras el despliegue de la Policía de Investigaciones en la comunidad mapuche de Temucuicui en razón de una operación antinarcóticos, podemos aventurarnos al escenario de que el gobierno entra a una nueva fase en su estrategia para abordar, lo que el mainstream denomina, “conflicto mapuche”. 

Primero que todo, resulta importante puntualizar que el fenómeno que se observa en la Araucanía corresponde a un conflicto de carácter colonial, deviniendo hacia uno económico y político donde hoy la industria forestal es el principal catalizador. Sin lugar a dudas esto no hubiese sido posible sin la complicidad y negligencia del Estado.

Las lógicas neoextractivistas que apuntalan al modelo chileno necesitan de la explotación de los territorios, necesitan de las zonas de sacrificios, necesitan de la militarización exacerbada de la Araucanía para así sostener su competitividad en el mercado global y garantizar utilidades a sus inversionistas. Si antes los mapuche y otros pueblos indígenas eran catalogados de flojos y borrachos, ahora el relato del enemigo interno, alimentado por cartografías imperiales, identifica al mapuche como terrorista y criminal en el imaginario colectivo de la nación chilena.

La ventana de oportunidad que otorga la redacción de una Constitución para establecer un Estado Plurinacional que reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas y transformar estructuralmente la matriz productiva del país, entra en una disputa directa con el proyecto hegemónico de la elite que ha estado en el poder en las últimas décadas.

La noción de plurinacionalidad implica una total reorganización del sistema político. Esta, por ejemplo, abre la posibilidad de conformación de un parlamento indígena que funcione como interlocutor ante el Estado chileno, al igual que la convivencia entre la jurisprudencia occidental e indígena en la aplicación del derecho[1]. El reconocimiento constitucional implicaría transitar de un reconocimiento de etnia, como lo hace la actual Constitución, hacia un reconocimiento como pueblo[2]. Aquello trae consigo el reconocimiento de derechos colectivos, cuestión que la Constitución de 1980 no ha permitido. La idea de plurinacionalidad junto con el reconocimiento constitucional tensiona de sobremanera la construcción histórica del Estado-Nación chileno, produciendo desacoples y grietas en su semblante blanco y occidental. El discurso de la derecha se ha nutrido en las últimas décadas de un fuerte énfasis en la seguridad pública, capitalizando de manera muy oportuna el trauma del progresismo neoliberal de la Concertación en el tema tras el paso de la dictadura. El actual vacío de legitimidad del sistema político en su conjunto propicia el uso del dispositivo de poder que ofrece el enemigo interno como “solución” al problema en la Araucanía, con la oferta de simplificar la ecuación y acotarlo a un problema de seguridad. Lo que ahora da aún mayor pujanza a este intento de neutralización es la inclusión de la arista del crimen organizado (CO).

Más allá de la comprobada baja efectividad del operativo en comparación a otros ejecutados, es de mi interés en el presente escrito diferenciar el crimen organizado de otros delitos.

Las dinámicas que desarrolla el crimen organizado pueden llegar al punto de presentarse como una amenaza a la soberanía estatal, afectando directamente su integridad y existencia. El sociólogo Charles Tilly[3] sostuvo que el Estado se comporta de manera similar a una banda criminal dedicada a la extorsión que controla un determinado territorio gracias a dinámicas de reclutamiento militar e implementación de un aparato administrativo. Unas de las razones de ser del crimen organizado es ofrecer seguridad para el desarrollo de actividades ilícitas.

La hibridación que hace el gobierno entre narcotráfico y terrorismo en este territorio responde a la necesidad de situar a la otredad mapuche como una amenaza para la seguridad interior del Estado, asimilándolo al CO. El narcoterrorismo es un fenómeno altamente complejo, muy notorio en la historia reciente de países vecinos como Perú y Colombia. Chile no presenta ningún tipo de correspondencia entre estas realidades, sin embargo la (in)capacidad del gobierno parece estar configurada para arrastrarnos a un irreal conflicto interno.

Norbert Lechner al definir la paradoja neoliberal, aseveró que al arquetipo de subsidiariedad impuesto tras la reestructuración neoliberal iniciada en la dictadura, le es menester desarrollar una conducta estatal autoritaria y represiva para su implantación[4]. Si bien es cierto que esta teorización fue pensada estudiando la imposición de la contrailustración neoliberal[5] en su fase temprana, hoy tras décadas de desarrollo de sus contradicciones, se torna invariable. No hay otro modo de garantizar el control social y la estabilidad sistémica del neoliberalismo chileno.

La crisis política del Estado neoliberal, como cualquier otra crisis, no respeta per se la correlación de fuerzas, es decir las ideas mayoritarias no siempre tienden a ganar. Con el proceso constituyente ad portas la asonada de proyectos gatopardistas del “cambiar todo para que nada cambie” encuentra una prominente caja de resonancia en los mecanismos propagandísticos del poder. Los tiempos actuales deben invitarnos a ejercitar la memoria y tener en cuenta la conducta histórica de la élite en el poder y sus voceros tecnócratas a la hora de repensar los mecanismos de disciplinamiento que garanticen el sustento del proyecto neoliberal.

Cristóbal Cantellano

Asociación GeoEduca Región Metropolitana


Referencias

[1] Consultado en: https://www.ciperchile.cl/2019/11/14/plurinacionalidad-y-reconocimiento-de-los-pueblos-las-demandas-indigenas-para-la-nueva-constitucion/

[2] Ibíd

[3] Tilly, Charles (1991), War and State Power. Middle East Report 171. Jul. – Aug.

[4] Lechner, Norbert (2003). Estado y Sociedad en una perspectiva democrática, Revista Polis, 6.

[5] Hoehn, Marek  (2006). Neoliberalismo, aportes para su conceptualización y el debate. Aspectos: Revista del Área Estado, Economía y Gestión, 2, 33-64.