Se entiende por bienes comunes aquellos que pertenecen al conjunto de la sociedad y que por dicha noción no son de uso exclusivo de un particular. En Chile, el Código Civil en su artículo 585 señala: “Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas.  Su uso y goce son determinados entre individuos de una nación por las leyes de ésta, y entre distintas naciones por el derecho internacional”. Del mismo modo, el Código Civil y las legislaciones en la materia, establece que los bienes comunes se denominan bienes nacionales de uso público, y en esta categoría, se pueden encontrar las calles, plazas y otras áreas que los municipios definan para tal fin, los ríos, playas, lagos, el océano y los mares interiores del sur austral de Chile.

No obstante a lo anterior, existe una legislación amparada por la propia Constitución, que permite un dominio de estos bienes comunes en distintas escalas, mediante múltiples instrumentos jurídicos tales como concesiones marítimas,  ley de Pesca y Acuicultura,  Ley de Caletas, Ley Lafquenche, Leyes en materia de fomento forestal, códigos mineros y de aguas, otros tipos de concesiones, como las de las autopistas y otras más que velan por el uso económico de los bienes comunes y vagamente hacen énfasis en los beneficios sociales y ecosistémicos que otorgan a la sociedad en el caso de las áreas naturales.

Por supuesto, estas normativas no son de origen espontáneo en el actuar estatal, sino más bien, son el resultado del lobby y redes de poder hechas por agentes sociales y económicos que en una visión orientada al modelo neoliberal y basado en el extractivismo de los recursos naturales, gestionan normativas que les permiten ejercer un dominio de los territorios, ya que para que el modelo capitalista extractivo se desarrolle, se requiere necesariamente un conjunto legal que le permita posesionarse en un territorio construyendo un espacio geográfico económico. Según Sack (1986) corresponde a una territorialidad que el autor la define como un “intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influir, o controlar a las personas, fenómenos relaciones, delimitando y reafirmar el control sobre un área geográfica”.

Por lo tanto, es en esta acción que quienes ejercen mayor poder desterritorializan a los habitantes de estos territorios, otorgando las externalidades negativas generadas por la degradación de estos a causa de la explotación de sus recursos.

Algunos ejemplos de estas desposesiones basadas en el dominio sobre los bienes comunes, son a saber lo siguiente:

1) Bahía Inglesa, Región de Atacama. esta playa paradisiaca que promocionan en las noticias y guías turísticas está totalmente concesionada, dominada por múltiples concesiones de acuicultura para el cultivo de ostiones y en menor medida del alga pelillo, ósea podrías estar bañándote sobre una concesión y si sacas recursos de ahí, es un robo a aquellos derechos particulares. En este caso, existe un control y delimitación territorial de índole marítimo- acuícola, cuya característica es que un tipo de desposesión que, aunque es invisible para muchos, significa un dominio privado de los recursos de aquel lugar.

2) Expansión inmobiliaria entre Viña del Mar a Quintero, Región de Valparaíso:  Este caso corresponde una desposesión con degradación de los servicios ecosistémicos donde los municipios costeros, no han considerado  en su totalidad como un bien nacional de uso público a los sistemas costeros como una unidad integra y compleja, como la protección amplia de los campos dunares, desembocaduras y humedales de los ríos costeros, y en efecto mediante planes reguladores han disminuido  o fraccionado, o los han reconocido a estos sistemas de forma tardía, cuando ya existe una fuerte intervención antrópica, con el fin de  beneficiar a la expansión inmobiliaria de viviendas y departamentos a orilla de costa, trayendo a la par no solo la degradación ecosistémica del sistema costero, sino que también  aumentan la exposición de la población a riesgos naturales como los tsunamis o marejadas. No obstante, existe una luz de esperanza, el municipio de Con Con actualizó su plano regulador, ampliando la protección de los campos dunares de esa comuna, lo cual ha traído una disputa judicial con las inmobiliarias que se encuentra vigente al presente.

Zona costera Viña del Mar . Fuente Propia

3) Expansión acuícola industrial en los maritorios de la Región de Los Lagos a Magallanes. Esto corresponde a la creación por parte del Estado con la influencia del poder económico, de un espacio geográfico-marítimo para el desarrollo principal de la salmonicultura y la mitilicultura, esta última acotada a la región de Los Lagos. En efecto, el desregulado inicio de la acuicultura, significó cambiar para siempre, fiordos, canales insulares y los paisaje del archipiélago de Chiloé, donde las comunidades costeras debieron adaptarse a un mar contaminado de jaulas, boyas, y degradación del sustrato marino, perdida de áreas tradicionales de la pesca y la recolección de mariscos, donde la postal de las iglesias de madera coexisten con los centros acuícolas. En este caso, la acuicultura industrial controló los mares interiores de Chile a la par de una Ley General de Pesca y Acuicultura orientada a sus intereses que no considero la visión y opinión de sus habitantes, generando una desposesión de ellos de sus zonas tradicionales. Actualmente, existe un proceso de resistencia de actores locales a la expansión acuícola mediante comunidades o asociaciones indígenas mediante los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) de la Ley Lafquenche, pero dichas solicitudes no han prosperado del todo, por el desconocimiento de la ley, demoras extensas en su tramitación y a las disminuciones de las pretensiones indígenas por el Estado y por los conflictos que ha generado con los pescadores artesanales, el sector económico acuícola-industrial y portuario.

Cultivo de salmones en Fiordo Castro, sector Antilko de Rauko, Chonchi. Fuente Propia

Los ejemplos anteriores son meras aproximaciones de como el Estado mediante leyes y reglamentos amparados en la Constitución, siendo la situación más destacable lo del agua, cuya carta magna establece el dominio privado sobre ese recurso, ha permitido en general la amplia desposesión de los distintos bienes que deberían ser comunes y de uso colaborativo entre los habitantes de un territorio y de aquel actor que viene de afuera a utilizarlo para un fin específico, pero en la práctica sucede lo contrario con un amplio dominio privado y exclusivo de aquellos bienes.

Por lo tanto, es fundamental desde Geoeduca, comprender que estos procesos se deben no solo al dominio del capital, sino también de su amplia acción en los cuerpos normativos que permiten estas asimetrías territoriales.

En síntesis, cambiar la visión de un territorio, se basa en definir y sembrar las bases de una nueva visión de país, un nuevo encuentro con los territorios los cuales deben dejar de ser vistos como simples unidades productivas, si no como el soporte del bienestar social, donde el uso de sus recursos se realice velando por los servicios ecosistémicos y los beneficios de los recursos sean distribuidos de manera común y no privativa, logrando que estos postulados queden reflejados en una nueva constitución y en las nuevas normativas que surja de aquella eventual carta magna.

Santiago González

Asociación GeoEduca Los Lagos

Cultvos de mitilicultura, ensenada de Detico, Queilen . Fuente Propia

Referencias

Amtmann, A., & Blanco W., G (2001). Efectos de la Salmonicultura en las Economías Campesinas de la Región de Los Lagos, Chile. Revista Austral de Ciencias Sociales, 5 ,93-106.

Radio Universidad de Chile (2019) nota de prensa: Protección “a medias” para las dunas de Concón: recurso admitido no paraliza las construcciones

Sack, R, (1986). Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge University Press: Cambridge

Subpesca (2020) Visualizador IDE.